Esta semana más que reflexionar he decidido quejarme en público y lo hago, además, de manera alta y con mucha convicción.
El 25 de enero pasado leía con perplejidad que los Ministerios de Igualdad, Trabajo y Economía Social y los agentes sociales abordarán un plan de inserción de personas trans, como prevé la ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En cualquier otro contexto, que la ministra de Igualdad anunciara un plan «específico» de inserción laboral para las personas trans – en colaboración con el Ministerio de Trabajo y economía social y los agentes sociales – sería motivo de alegría pero ¿qué podemos esperar de un Ministerio que tiene a una de sus figuras más importantes, la Directora del Instituto de las Mujeres, a una declarada feminista trans- excluyente (TERF, por sus siglas en inglés)?
Como comenté el día anterior a la intervención de la Ministra en la Comisión de Igualdad del Congreso, me parece indecente – democráticamente hablando – que el comportamiento tránsfobo de Isabel García se premie con una responsabilidad de gobierno. Y, es que, su actitud tránsfoba no sólo se reduce a «unos mensajes en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sino que ha sido (y es) una de las estrategas- ideólogas del PSOE contra las personas trans».
Yo entiendo que pueda haber reticencias a aprobar cualquier ley por parte la militancia de un partido político, ¡faltaría más!, y comprendo también que existen posturas encontradas incluso desde un mismo gobierno, pero Isabel García ha negado la existencia de las personas trans en tanto que sujetos de derechos, por no hablar de la ingente cantidad de insultos que ha generado desde sus redes sociales personales. Y esto es intolerable para cualquiera que opte a ser decisor político.
Y éste es el contexto en el que se mueve el Ministerio de Igualdad.
«Trabajaremos, junto con el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, en un específico para la inserción laboral de personas trans», «no vamos a dar ni un paso atrás en esta estrategia de igualdad, ni como Gobierno, ni como equipo ministerial».
Ana Redondo, Ministra de Igualdad, en su intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. el 25 de enero de 2024.
Ambas citas son, a mi juicio, cuanto menos, cínicas. Y desde su cinismo yo la deslegitimo y no valido sus palabras porque sus hechos dicen lo contrario. Y sí, como decía, también considero a la Ministra una cínica.
Cínica, adjetivo de «cinismo»: (1) desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables, (2) impudencia, obscenidad descarada.
Si con esto no hubiera sido suficiente, Redondo continuó afirmando en su intervención parlamentaria – lo que a mi me parece una absoluta obscenidad – que «quienes crean que pueden volver a establecer ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda» les tendrán «enfrente», tanto «políticamente» como «judicialmente». Políticamente, la Ministra de Igualdad tiene en el organigrama de su Ministerio a quien cree que puede volver a establecer una ciudadanía de primera y de segunda.
No satisfecha con todo cuanto había dicho ya, Redondo pidió un «acuerdo de país» contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos «más vulnerables», dando así cumplimiento al acuerdo de la coalición PSOE – Sumar contra los discursos de odio, similar al de la violencia de género, a favor de las personas LGTBI y para la erradicación de los discursos de odio.
Y es cínico, obsceno y está deslegitimada a mi juicio porque mientras dice estas palabras en el Congreso, nombró – y mantiene en el cargo – a una declarada tránsfoba como directora del Instituto de las Muejres.
(El Gobierno de España busca) «un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a víctimas de la discriminación».
Ana Redondo, Ministra de Igualdad, en su intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. el 25 de enero de 2024.
Isabel García no debería haber estado ni el pensamiento colectivo del Gobierno para ocupar ninguna responsabilidad pero, una vez mal nombrada, decidir mantenerla en su responsabilidad es elegir e institucionalizar la transfobia, es reforzar los discursos de odio y es cinismo.