Lo acabamos de comprobar por enésima vez: la administración pública es la columna vertebral esencial en el funcionamiento de cualquier sociedad, especialmente, en contextos de crisis o emergencias. Sí, una administración pública robusta y bien estructurada permite responder de manera eficiente a problemas colectivos, proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso a servicios esenciales cuando más se necesita.
Cómo no hablar estos días y cómo no pensar estos días en los efectos devastadores de la Dana que pasó por el estado la semana pasada. Pero cómo no pensar estos días también en lo que parece que no aprendimos tras la pandemia de la COVID-19.
Esa pandemia, de la que creímos saldríamos mejores, subrayó la importancia de contar con un sistema de salud pública sólido, pero también dejó en evidencia los problemas que enfrentan aquellos países con administraciones débiles o desorganizadas. Esta semana hemos visto que aprendimos poco, pues todavía hay grupos que luchan contra la necesidad de que contemos con una administración pública capaz de actuar rápidamente para minimizar los daños y proteger a las poblaciones vulnerables.
Es verdad que hay que repensar la administración pública en el marco mismo de la estructura del estado, pero no es menos cierto que no podemos no tener un conjunto de organismos y entidades que se encarguen de ejecutar políticas públicas y prestar servicios esenciales. ¿Se deben gestionar los recursos públicos? Por supuesto, y por supuesto que también se debe hacer de manera eficiente y transparente, de manera organizada, especialmente en un sistema administrativo y competencial complejo como es el estado español.
En esta ocasión, hemos visto que los intereses partidistas han puesto de relieve la necesidad de una estructura que garantice la coherencia y eficacia de las intervenciones de la administración pública. Si no se logra poner esto encima de la mesa, el instrumento clave para garantizar la efectividad de las actuaciones de coordinación en las crisis deja de ser la herramienta fundamental de mayor protección social.
Estos días hemos visto ¡otra vez más! que desmantelar la administración pública es ir en contra de todos los principios básicos de justicia social en momentos de crisis. Durante estos días, y los que nos quedan, porque lo peor está por venir, vemos cómo poner los intereses partidistas por encima de las vidas de las personas, ademas de inhumano, convierte a las administraciones en herramientas opacas, irresponsables, desiguales e ineficientes.
Defiendo y defenderé siempre las estructuras y los procesos, tanto en los partidos políticos, como en las empresas o en cualquier tipo de organización, también en la administración pública.
Ahora que ha golpeado una crisis especialmente dolorosa en la Comunidad Valenciana vemos como una administración pública robusta podría haber sido capaz de responder con mayor agilidad y eficacia a esta emergencia. Y, es que, parece ser que no se ha contado con los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para implementar soluciones rápidas que hubieran permitido mitigar los efectos de la emergencia, entre otras cuestiones, porque esa administración en concreto no estaba bien preparada ni poseía una estructura organizativa capaz de facilitar la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, esencial para evitar duplicidades y garantizar que los esfuerzos se dirijan hacia las áreas que más lo están requiriendo.
Que sí, que en situaciones de emergencia es común que se presenten desafíos en la asignación de personal y recursos financieros y a toro pasado cualquiera opina, como estoy haciendo yo. Pero que sí, también, de una administración yo exijo una planificación adecuada y una capacidad de adaptación rápida. No puedo dejar de pensar que se destinaron los recursos que iban dirigidos a estas cuestiones al fomento del toreo y no a políticas de contingencia y planes de emergencia bien definidos y actualizados.
Loren González 