Hola, red. Esta semana más que reflexionar, lanzo una pregunta al aire: ¿Alguien de aquí se acuerda de que el 12 de julio del 22 se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación?
Ese día, marcado en rojo en el calendario de una gran parte del tercer sector de acción social del estado español fue tildado como un momento histórico y fue muy celebrado por la alianza impulsora de la ley, conformada por catorce ONG referentes en la lucha contra distintas formas de discriminación. Entre otras, estuvo (y no sé si sigue estando porque, ya perdonaréis, no sigo mucho la vida de esta alianza) Accem, Asociación Rumiñahui, CERMI, CESIDA, CEAR, CONVIVE – Fundación Cepaim, Cruz Roja, FELGTBI+, Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Movimiento por la Paz-MPDL, Provivienda, Red Acoge y Save The Children.
Quede claro que con la pregunta – título de mi reflexión semanal no señalo a las entidades sociales, ni mucho menos, porque están bastante solas en este asunto y mi apoyo hacia ellas es absoluto. Mi señalamiento va hacia otras personas.
Pues bien, más de dos años después – exceptuando la protección jurídica que ofrece la norma por hecho mismo de aprobarse, que ya es, – mucho ha cambiado, y no me refiero al desarrollo legislativo, que deja mucho que desear. Por lo menos, en mi opinión.
Ha cambiado el Gobierno central. Ha cambiado el Ministerio y ha cambiado la ministra. También han aumentado las denuncias por incidentes de odio, los índices de pobreza, la exclusión social y la escala entre «ricos» y «pobres».
Yo, sin ser para nada ‘fan’ de Irene Montero, sí le reconozco la ingente labor que desarrolló al frente del Ministerio impulsando medidas, a mi juicio, fantásticas y muy necesarias como la ley de libertad sexual, la ley trans y LGTBI, la reforma de la ley del aborto, la aprobación del plan corresponsables, el impulso del 016 y creación del 028…
Así también, reconozco la labor tan buena que hizo su equipo en las labores previas a la aprobación de todas estas medidas teniendo como interlocuras a las entidades protagonistas de su ámbito de actuación. Lo mismo puedo decir con respecto a su accesibilidad o a los avances realizados en el trabajo preparatorio de los reales decretos necesarios, por ejemplo, para la creación de la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato o para avanzar con la Ley estatal trans y LGTBI.
¿Qué sucede ahora con la ley de igualdad de trato?
A mi juicio, todo lo que venga del Ministerio de Igualdad en esta legislatura tiene un perfil bajo o bajísimo porque el actual gobierno no ha querido poner el foco en las políticas de Igualdad, marcadas en la anterior legislatura por la crítica constante a Montero, lo que a mi juicio es un absoluto error.
Y lo es, entre otras cosas, porque no se están desarrollando todos aquellos instrumentos imprescindibles para luchar contra la discriminación y cumplir el principio de igualdad de forma amplia e integral como era la intención del anterior ejecutivo. Un ejecutivo, por cierto, que está bajo la presidencia de la misma persona.
Las, los y les profesionales que trabajamos por la igualdad de oportunidades con las que puedo conversar y compartir opiniones estamos un poco desesperadas porque, si bien hemos asumido que el PSOE asumió la cartera de Igualdad (convertida en lanzallamas político de Podemos y motivo de división en el movimiento feminista, como he expresado sutilmente antes), pensábamos que el nuevo Ministerio iba a trabajar algo más de lo que lo está haciendo. Sinceramente, a veces pienso que la señora Redondo parece limitarse a lamentar los asesinatos machistas pese a contar con un presupuesto (y disculpadme si yerro en la cifra) de aproximadamente 500 millones de euros. Una cantidad que sin ser excesiva, da para impulsar medidas. Medidas que a su vez no parecen estar dando respuestas sólidas.
Dos años han pasado desde la aprobación de la ley de igualdad de trato, la “ley Zerolo”, bautizada así por la militancia socialista, y qué poquito caso le están haciendo, qué poca importancia le están otorgando.
Una lástima.
Loren González 